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El Tribunal Supremo fija para el 29 de noviembre la vista por las escuchas que ordenó el juez a los principales imputados

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ya tiene fecha para el primero de sus tres juicios. Será el 29 de noviembre. Pero no será por haberse declarado competente para investigar los crímenes del franquismo, pese a que la instrucción acabó hace ya un año y cinco meses, sino por ordenar la intervención telefónica de los imputados presos del caso Gürtel.

De esta forma, se dará la paradoja de que el primer juez que investigó la principal trama de corrupción descubierta en años se convertirá en la primera persona en ser juzgada por ella. La primera vista contra los presuntos corruptos está fijada para el 12 de diciembre, cuando el expresident de la Generalitat valenciana Francisco Camps se siente en el banquillo acusado de haber recibido regalos en forma de trajes.

Aún no hay fecha para el juicio de la causa del franquismo, iniciada un año antes

La instrucción principal del caso Gürtel, seguida en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, todavía no ha sido concluida por el magistrado Antonio Pedreira, y, se quiera o no, su futuro necesariamente está vinculado al de su primer instructor.

De momento, el presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa, y el considerado su lugarteniente, Pablo Crespo, ejercerán la acusación contra Garzón por haber ordenado la intervención de las conversaciones que mantuvieron en prisión con cualquier persona, incluidos sus letrados. La causa comenzó un año más tarde que la de la memoria histórica, a raíz de una querella presentada por uno de los letrados que aparecía en las conversaciones intervenidas, Ignacio Peláez, que se reunió con los anteriores en la cárcel madrileña de Soto del Real para, según dice, preparar la defensa de su cliente, el imputado en la Gürtel José Luis Ulibarri.

Los principales imputados de 'Gürtel' piden para el juez 17 años de inhabilitación

Todos ellos imputan a Garzón un delito de prevaricación y otro contra las garantías de la intimidad, por los que piden hasta 17 años de inhabilitación para el magistrado. La Fiscalía, como en los demás procedimientos seguidos contra el juez de la Audiencia, el de los crímenes del franquismo y el del patrocinio de los cursos que impartió en Nueva Yok, pide la libre absolución del magistrado.

En un auto notificado a última hora de hoy un viernes víspera de un puente, el Supremo se pronuncia sobre la prueba que se celebrará en el juicio que comenzará el 29 de noviembre. El Alto Tribunal dictó una resolución similar, pero sin fijar fecha para la vista en la causa de los crímenes del franquismo a mediados de diciembre del año pasado. En ella se daba a conocer al tribunal que juzgará a Garzón en la causa de la memoria histórica y fue respondida por un incidente de recusación de la defensa, que acabó siendo admitido por la Sala del 61 el pasado junio.

De ahí que algunas fuentes jurídicas confíen en que la próxima semana el Alto Tribunal notifique también el señalamiento del juicio por los crímenes del franquismo. Ello implicaría que podría celebrarse en la segunda semana de diciembre. Antes sería imposible, si se cumple la habitual cortesía de no fijar una vista de estas características con menos de un mes de distancia.

El Tribunal Supremo rechaza las pruebas solicitadas por el magistrado

Lo que es seguro es que la defensa dispone hasta el próximo 3 de noviembre para recusar al tribunal designado para juzgar las escuchas de la Gürtel, si entiende que hay material para ello. Uno de los magistrados, Perfecto Andrés Ibáñez, intentó él mismo apartarse sin éxito. Sus compañeros de la Sala de lo Penal se lo impidieron, al entender que admitir una querella y resolver los recursos planteados durante la instrucción no contamina de cara al juicio.

Además de Andrés Ibáñez, que publicó un artículo en la revista de Jueces para la Democracia de julio muy crítico con la actuación de Garzón durante la instrucción del caso Gürtel, formarán el tribunal los magistrados Juan Saavedra, presidente de la Sala Segunda; Julián Sánchez Melgar, José Ramón Soriano y José Manuel Maza, que será el ponente de la sentencia que se dicte.

A ellos se sumarán Joaquín Giménez que se abstuvo de juzgar a Baltasar Garzón por los crímenes del franquismo al entender que estaba contaminado por formar parte de la Sala que admitió la querella del autodenominado sindicato Manos Limpias y Manuel Marchena, el instructor de la causa abierta por los cobros en Nueva York.

Ni Pedreira ni las fiscales

Durante el juicio declararán Garzón y pocos testigos: dos funcionarios de la Policía solicitados por la acusación que ejerce Pelaéz y él mismo a petición de Garzón. Tanto él como el juez solicitaron el testimonio de Antonio Pedreira y el tribunal lo ha rechazado.

Tampoco declararán las fiscales, contra las que Peláez también se querelló, pero en su caso en vano; ni el instructor del caso de los trajes en el Tribunal Superior de Justicia valenciano, José Flors. El tribunal argumenta que los jueces y fiscales actuaron en las causas de las que se ocupan como entendieron conveniente y tienen prohibido declarar sobre aquellas en que han intervenido.

La prueba documental admitida quedará reducida a las conversaciones, que fueron expurgadas a petición de Crespo. El tribunal ha rechazado los documentos de la Gürtel solicitados por Garzón y el fiscal, al entender que no tienen relación con los delitos concretos investigados. Tampoco declarará el funcionario que pedía el juez.